Desde el 4 enero hasta el 31 de marzo de este año, en plena pandemia, el gobierno puso a disposición de la ciudadanía un “Permiso de Traslado para Vacaciones”, la cual fue otorgada para la gente que vivía en comunas que se encontraban en fase 2, 3 y 4 con la finalidad de que pudiesen trasladarse y pasar sus vacaciones en localidades situadas en fase 2 en adelante, sin una duración para estas.
Durante el viernes 12 de marzo, las autoridades de gobierno confirmaron 5.983 casos nuevos de covid, y muchas personas atribuían esta alza de casos a aquel permiso de vacaciones, entre ellos, el COLMED. Ante las críticas recibidas el gobierno, por medio del actual ministro de salud Enrique Paris, se respaldó en la salud mental deteriorada de las y los ciudadanos por la pandemia para defender la medida; aquel aspecto del ser humano que ha sido tan invisibilizado por el Estado, el gobierno y sus adherentes la usaron como escudo para defenderse.
Más allá de calificar la medida adoptada a principios de año por el gobierno, evocar la salud mental como argumento me parece una completa hipocresía teniendo en cuenta lo mal tratadas, ninguneadas (hasta ridiculizadas) que han sido las enfermedades mentales por la ciudadanía, los medios de comunicación y el Estado durante años. Hemos sido testigo de las historias de personas que se han suicidado en el Mall Costanera Center; personas que se han quitado la vida frente a las narices del Estado, y sin embargo, aquellas vidas no han conmovido, ni han sido tema importante de conversación y debates en platós de matinales u otros programas de tv.
Pero lo que ocurre en el Mall Costanera Center no son casos aislados, pues en septiembre del 2019, la subsecretaria de Salud Pública, Paula daza, aseguró gracias a lo que se desprende en la Encuesta Nacional de Salud 2016/2017 que en Chile se suicidan anualmente 1.800 personas, que más de 220 mil chilenos sobre los 18 años han planificado su suicidio y más de 100 mil intentó quitarse la vida e incluso que más de 320 mil chilenos tienen una “ideación suicida”.
Muchas conclusiones podemos sacar de estas alarmantes cifras, podemos pensar que se debe a la carencia de una ley de Salud Mental eficiente e importante que pueda tratar enfermedades mentales, y que además pueda prevenir futuros suicidios. Pero también, estas cifras pueden ser una consecuencia de la desesperante vida que las familias pagan a cuota, en un sistema que deja todo en manos de empresas que poco les interesa la dignidad humana, los derechos y garantías. Y aunque la constitución establezca que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y que “el Estado debe propender al fortalecimiento de esta” existen muchas negligencias del Estado que la corrompen; la pobreza por ejemplo que tiene a muchas familias endeudadas y viviendo en campamentos, más la mayoría trabajando por un sueldo mínimo que la constitución y el Estado considera “justa retribución”; familias que hace décadas esperan por una vivienda propia; personas que hace décadas están sumergidos en la drogadicción y el alcoholismo; niños, niñas y adolescentes con familias disfuncionales que viven en el SENAME y otras que han muerto por negligencia de esta misma institución; personas que padecen enfermedades y que no son tratadas correctamente y otras que esperan por cirugías; familias que son embargadas porque sus hijos e hijas tuvieron la osadía de querer estudiar; adolescentes que aún no pueden acceder a la universidad por no tener el dinero; adolescentes reclutados por narcotraficantes; adultos mayores viviendo en la soledad y en la miseria de una pensión o jubilación indigna, más otros suicidados por esta infame situación de vida; personas viviendo en zonas contaminadas por empresas; familias viviendo en violencia.
Y así podría seguir nombrando todo aquello que agobia y causa preocupación en la ciudadanía que no son más que los derechos humanos negados por el Estado y vendidos a la ciudadanía en provechosas cuotas por las empresas. Y junto a esto no es casualidad que, según la OMS, la depresión sea una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, en la que en su tratamiento se tiene en cuenta los aspectos psicosociales y se determinan los factores que pueden causar estrés, como las dificultades económicas, los problemas en el trabajo y el maltrato físico o psicológico, así como las fuentes de apoyo, como los familiares y amigos.
Claramente, el que seamos el segundo país de la OCDE en tener el más alto número de suicidios luego de Corea del Sur, tiene relación con la falta garantía sustancial al derecho de integridad psíquica que pueda tratar trastornos mentales, pero tampoco debemos negar que la vida que nos obliga vivir un país inmerso en un sistema egoísta en derechos sociales es una importante causa de preocupación, angustia y depresión en la persona sin privilegios.
Hemos vivido ante un Estado negligente que no ha sido capaz de tratar, curar y prevenir trastornos mentales, y que ha estado al servicio de la empresa y no de la persona humana como debe; un Estado que ha faltado gravemente a la constitución durante décadas. Por tanto, es un absoluto descaro y una falta de respeto para todas aquellas personas que viven el infierno de un trastorno mental no tratado por situación económica, y para aquellas familias en que algún ser querido se quitó la vida, que el gobierno para defender una pésima política pública, se haya escudado en una materia que jamás ha querido enfrentar.
